La Ley de Interés Preferencial en Panamá ha sido, desde su promulgación en 1985, una herramienta clave para facilitar el acceso a la vivienda propia, especialmente para la clase media. Esta legislación permite a los compradores de viviendas nuevas obtener préstamos hipotecarios con tasas de interés reducidas, gracias a un subsidio otorgado por el Estado. Recientemente, el gobierno ha aprobado modificaciones a esta ley, asegurando su vigencia hasta diciembre de 2025 e incluyendo nuevos tramos de subsidio.
Contexto y Alcance de la Ley de Interés Preferencial
La Ley 3 de 1985, conocida como Ley de Interés Preferencial, fue creada con el objetivo de incentivar la adquisición de viviendas nuevas en Panamá. A través de esta ley, el gobierno subsidia una parte de la tasa de interés en préstamos hipotecarios, reduciendo así el costo financiero para los compradores. Este beneficio se aplica a viviendas cuyo valor no exceda los B/.180,000, con diferentes porcentajes de subsidio según el rango de precios.
Las recientes modificaciones establecen los siguientes tramos preferenciales:
- Viviendas hasta B/.45,000: El Estado cubre el 100% de los intereses del préstamo.
- Viviendas entre B/.45,000 y B/.80,000: Subsidio del 4% en intereses por 10 años.
- Viviendas entre B/.80,000 y B/.120,000: Subsidio del 4% en intereses por 8 años.
- Viviendas entre B/.120,000 y B/.150,000: Subsidio del 2% en intereses por 5 años.
- Viviendas entre B/.150,000 y B/.180,000: Subsidio del 1.5% en intereses por 5 años (aplicable solo a apartamentos en las áreas de Panamá y Panamá Oeste).
Esta medida estará vigente hasta diciembre de 2025 para viviendas y hasta junio de 2024 para apartamentos.
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Importancia para la Clase Media
La clase media panameña, con ingresos familiares que oscilan entre B/.1,000 y B/.2,000 mensuales, ha encontrado en la Ley de Interés Preferencial una vía accesible para adquirir vivienda propia. Las propiedades en el rango de B/.80,000 a B/.120,000 son particularmente atractivas para este segmento, ya que ofrecen un equilibrio entre costo y calidad de vida. Sin el beneficio del interés preferencial, las cuotas mensuales de los préstamos hipotecarios aumentarían significativamente, haciendo que muchas familias no puedan cumplir con los requisitos bancarios para obtener un crédito.
Según datos de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), el 92% de las unidades de vivienda vendidas en 2023 fueron de hasta B/.180,000, y el 32% de las viviendas con interés preferencial correspondieron a unidades de interés social. Esto demuestra la relevancia de la ley para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para la clase media y sectores de bajos ingresos.
Posibles Consecuencias de No Extender el Beneficio hasta B/.120,000
La no extensión del beneficio del interés preferencial para viviendas de hasta B/.120,000 podría tener varias repercusiones:
- Aumento de las Cuotas Mensuales: Sin el subsidio estatal, las tasas de interés aplicadas serían las del mercado, incrementando las cuotas mensuales y, por ende, el costo total de la vivienda.
- Disminución de la Capacidad de Endeudamiento: Con cuotas más altas, las familias tendrían una mayor carga financiera, lo que podría afectar su capacidad para asumir otros compromisos económicos.
- Reducción en la Demanda de Viviendas: Al encarecerse el acceso al crédito hipotecario, es probable que disminuya la demanda de viviendas en este rango de precios, afectando al sector inmobiliario y de la construcción.
- Impacto en la Economía Nacional: La construcción es uno de los motores económicos de Panamá. Una disminución en la actividad constructora podría traducirse en pérdida de empleos y menor dinamismo económico.
El presidente de la CAPAC (Cámara Panameña de la Construcción) ha advertido que, de no extenderse el beneficio del interés preferencial hasta B/.120,000, la clase media se quedaría sin opciones para adquirir viviendas, ya que los salarios actuales no permiten que la mayoría pueda acceder a un crédito hipotecario sin este apoyo.
Reacciones del Sector Construcción y Bancario
Representantes del sector construcción han manifestado su preocupación ante la posible no extensión del beneficio. Señalan que, sin este incentivo, muchos proyectos podrían quedar paralizados, afectando no solo a las empresas constructoras, sino también a proveedores y trabajadores del sector. Además, indican que la banca estatal ha endurecido sus criterios para la aprobación de créditos hipotecarios, dificultando que muchos compradores obtengan el financiamiento necesario.
Por su parte, el sector bancario ha mostrado cautela. La incertidumbre sobre la continuidad del beneficio ha llevado a algunas entidades a reevaluar sus políticas de crédito, lo que podría restringir aún más el acceso al financiamiento para la compra de viviendas en el rango afectado.